¿Qué es una consulta de la Comisión?

Una «consulta pública» es un proceso mediante el cual la Comisión Europea solicita abiertamente los puntos de vista del público, ya sean ciudadanos o empresas, con el fin de reunir contribuciones sobre si existe un problema que debiera resolver o si los esfuerzos de la Unión deberían centrarse en una determinada dirección, etc.

Todo el mundo puede responder a esta consulta. Se centra en los derechos de autor, concretamente en la creación de un nuevo derecho para los editores (16 preguntas de respuesta múltiple), así como una excepción en el caso de la «libertad de panorama» (7 preguntas de respuesta múltiple). Los participantes son libres de elegir a qué preguntas responder, siempre que lo hagan el 15 de junio a más tardar.

Esta consulta es la última oportunidad de hacerse oír antes de que la Comisión Europea presente en otoño una propuesta final de reforma de los derechos de autor en la Unión. Antes de proseguir, la Comisión analizará las respuestas y concluirá a partir de estas si existe un problema en relación con los editores de noticias y si los participantes creen que es una buena idea crear un nuevo derecho para los editores.

¿Por qué está pasando esto y ahora?

El comisario alemán Oettinger, responsable de los derechos de autor, ha declarado reiteradamente (véase esto y esto) que estaba abierto a una versión de ámbito europeo de la «tasa Google» en materia de derechos de autor, conocida también como «LSR» en Alemania y «canon AEDE» en España. Asimismo, algunos editores de noticias siguen argumentando que la legislación de la Unión, que permite enlazar y compartir sin la autorización del titular de los derechos de autor, debe «aclararse» para someter estas actividades a su aprobación. El Consejo Europeo de Editores, por ejemplo, esgrime que el uso de contenidos a través de la «indexación», la «puesta a disposición de fragmentos» y la «tecnología de motores de búsqueda» debería estar sujeto a «autorización». Estos editores también han peleado sin descanso para conseguir que se aprobase legislación en España y Alemania.

Sin embargo, la oposición a estos planes es cada vez mayor. Algunos editores y asociaciones empresariales y de la sociedad civil se han opuesto firmemente a esta situación a escala europea. En julio de 2015, el Parlamento Europeo votó en contra de contar con un derecho auxiliar de alcance europeo sobre los fragmentos de noticias (véase esto). En última instancia, más de 80 diputados al Parlamento Europeo escribieron a la Comisión Europea a finales del año pasado para oponerse a estos planes.

Por ello, la propuesta es cada vez más polémica en Europa y la Comisión ha decidido llevar a cabo una consulta abierta sobre la cuestión antes de continuar con un proyecto de legislación definitivo en otoño. Esto nos deja poco tiempo para lanzar un mensaje firme de que este tipo de legislación no es útil.

¿De qué trata exactamente la consulta? ¿De una «tasa por fragmento»?

Lo más probable es que sí. Algunos creen que no se trata de una «tasa por enlazar» porque solo concede nuevos derechos a los fragmentos de textos. Sin embargo, cuesta imaginar un enlace sin un breve extracto de texto descriptivo o un título.

También nos consta que algunos editores siguen haciendo presión para que la legislación de derechos de autor someta la acción de enlazar a la obtención de autorización. Por otro lado, algunas «filtraciones» recientes de la Comisión siguen interpretándose como indicios de que está estudiando una tasa por enlazar.

Aun así, las cosas distan de ser sencillas. Se trata de una consulta con preguntas en su mayor parte, por lo que no está claro lo que la Comisión está ponderando exactamente. Lo que está claro es que la consulta considera la posibilidad de un alcance incluso mayor para este nuevo derecho «afín» (nótese que la denominación derechos «auxiliares» proviene de la traducción de la legislación alemana y que derechos «afines» es el término oficial empleado por la Comisión). El alcance es mayor porque la consulta pregunta si estos derechos deberían concederse no solo a los editores de noticias, sino también a los editores de libros y textos científicos, y también porque no solo comprenderían los fragmentos, sino también todas las demás actividades digitales y físicas ya amparadas por los derechos de autor.

En definitiva, podríamos enfrentarnos a un nuevo conjunto de derechos para los editores aplicables a todo lo que se publique en Internet por escrito.

¿Ha aportado este derecho auxiliar sobre los «fragmentos» algún beneficio a los editores de España o Alemania?

No. En Alemania, por ejemplo, ha hecho que algunos editores se embarquen en litigios prolongados contra agregadores de noticias, incluido Google, y otros con resultados negativos. Como ejemplo más reciente, un tribunal de Berlín señaló que en caso de que Google se viese forzado a pagar por los fragmentos, se rompería el equilibrio por el cual todas las partes resultan beneficiadas: usuarios, editores de noticias y Google.

En España, Google News y otros servicios se vieron afectados, lo que derivó en una pérdida de tráfico hacia los editores de noticias en España y, en última instancia, en la pérdida de ingresos, especialmente en el caso de los editores en línea más pequeños.

Una asociación empresarial de servicios en línea ha publicado un resumen con las opiniones, declaraciones y la investigación sobre el impacto de las leyes españolas y alemanas; puedes consultarlo aquí.

¿Cómo perjudica la situación a los editores que desean innovar?

El espíritu de la legislación es una vuelta al pasado. Intenta invertir la forma en que Internet y los negocios en línea funcionan, forzando a los editores de noticias y otros contenidos a cobrar por indexar y compartir fragmentos en línea. No han entendido cómo funcionan las cosas. Resulta contraproducente porque pretende imponer un modelo de negocio —vender fragmentos y enlaces— a un negocio que está innovando para hallar nuevas oportunidades y métodos de negocio.

Hasta el momento, el impacto en España y Alemania ha sido negativo: ha traído litigios y que algunos servicios de agregación de noticias cerrasen. Esto supone un tráfico menor hacia los sitios de noticias y, por ende, menos oportunidades para encontrar nuevos lectores y generar más negocio. Los editores en línea son los que más se resienten. En España, se calcula que, en general, los editores de noticias perderán 10 millones de euros por año (véase esto).

Si utilizas Google News, Facebook, Twitter, empresas emergentes e innovación como oportunidades para ti; si quieres valerte de Internet para construir un negocio más fuerte; las cosas se pondrán más difíciles para ti. Este será el caso, por ejemplo, si tu modelo de negocio se vale de Internet o de licencias Creative Commons que sean incompatibles con la legislación.

Muchos editores innovadores de España han puesto de relieve esta situación: ElDiario, 20minutos, adslzone.net, Hipertextual, elocuent, Weblogs SL, Yorokobu, teleprensa Madrid, Nexotur, Ecointeligencia Editorial, Teknlife, Actualidadblog, Trending Topic, FXStreet, Castellon Confidential, hostelsur.com, JP Media, Neupic, GoldandTime.org, etc.

Un nuevo derecho afín para los editores: ¿no me reportaría esto más dinero?

¡No! Resulta tentador pensar que la creación de nuevos derechos simplemente te hará la vida más fácil y se traducirá en nuevos flujos de dinero. Pero no es verdad.

Hasta el momento, los intentos en España y Alemania no han conseguido alcanzar nada de eso. En gran medida porque la lógica que subyace a las propuestas es defectuosa, ya que intentan «invertir» la forma en que la información funciona en Internet y volver a los tiempos de los modelos de negocio de la edición impresa. También porque alteran la dinámica competitiva en línea: a corto plazo, reducen el tráfico digital y los ingresos para todos. A un plazo mayor, perjudican a las cabeceras con menos notoriedad y a los innovadores de noticias que se valen de la web para crecer. Asimismo, es probable que perjudiquen la competitividad de los editores europeos en línea, ya que los editores de fuera de la Unión compiten en una Internet global.

Es igualmente improbable que una versión incluso más amplia de este derecho, que se aplique no solo a los fragmentos, sino también a los demás aspectos de los derechos de autor, ofrezca nuevos ingresos. Los editores ya obtienen derechos de autor de sus periodistas y seguirán necesitando firmar contratos de derechos de autor con los periodistas para utilizar sus artículos. Por tanto, ninguna novedad.

De hecho, si se introducen nuevos derechos sobre todo lo que se «edita» hoy en día, mayoritariamente en Internet, se creará un laberinto de complejidad que deberán desenredar los abogados, y potencial para que las entidades de gestión de derechos de autor intervengan cada vez más en los flujos de ingresos de los editores, también en línea. Esto implica más intermediarios, mayores costes de transacción y también la necesidad de más asesoramiento cuando los periodistas o los propios editores utilicen contenidos de Internet. Basta con que pienses en el canon español, cuya concepción es bastante deficiente: los editores se ven privados de la capacidad para decidir qué hacer con sus contenidos y se ven forzados a permitir que una entidad de gestión cobre por ello. Les guste o no.

¿Nos daría un nuevo derecho para los editores de noticias y publicaciones periódicas una nueva ventaja competitiva para apoyar nuestro negocio digital?

laramente no. Tanto en España como en Alemania las leyes no han generado un impacto positivo para los editores de noticias. Han perjudicado a los editores que más precisan de Internet para ser descubiertos, ya que perdieron tráfico en línea.

Es imposible limitar un nuevo derecho a los editores de «prensa» que publican noticias. En su lugar, el nuevo derecho se aplica a los contenidos que se publiquen por escrito («obras literarias»). A día de hoy, la mayor parte de ellos se publican en línea. Por eso, todos los contenidos publicados en línea obtendrían este nuevo derecho, incluidas las noticias o los textos de entretenimiento creados con licencia Creative Commons o escritos por un ente de radiodifusión público.

De esta forma, por ejemplo, los entes de radiodifusión públicos que publiquen artículos de noticias en línea, como por ejemplo la BBC en el Reino Unido o RTVE en España, también recibirían los mismos derechos. La situación sería idéntica para los contenidos publicados en un blog: solo en WordPress se publican 58,6 millones de publicaciones nuevas y 49,9 millones de comentarios nuevos cada mes (véase esto)

¿Esta iniciativa es diferente de las leyes aprobadas, y que resultaron un fracaso, en España y Alemania para proteger los «fragmentos»?

No está totalmente claro qué alcance de derechos está estudiando la Comisión. El comisario Oettinger, responsable de la política de derechos de autor de la Unión, ha sugerido en varias ocasiones que le gustaría ver una «tasa Google», formulada a partir de los modelos alemán o español.

La consulta de la Comisión apunta a que el derecho podría no limitarse únicamente al uso de fragmentos en línea e incluir los editores científicos, literarios y de noticias. Y que el derecho sería extensivo también a todas las actividades de los editores, no solo el uso por parte de agregadores: podría incluir la distribución física y digital también. Esta versión ampliada sería incluso más perjudicial, y los principales profesionales del sector académico ya han mostrado su rechazo.

Implicaría que cualquier «obra literaria» (o cualquier cosa publicada por escrito) en Internet obtiene un nuevo derecho. Las consecuencias para la edición en línea, Internet, los contenidos creados por los usuarios, los análisis de datos web, los periodistas que ejercen periodismo basado en datos, la concesión de licencias y los pagos a las entidades de gestión, entre otros, son de gran alcance e imprevisibles.

¿Tiene que ver con los «cánones» en concepto de reprografía o copia privada?

La consulta de la Comisión no hace referencia explícitamente a la «reprografía» ni a la «copia privada». Estas actividades están amparadas por una excepción a los derechos de autor y, en contraprestación, las entidades de gestión recaudan una «compensación» de los titulares de los derechos.

Algunos editores han sugerido que una sentencia alemana exigiría un nuevo derecho afín. Esto carece de sentido. Por ejemplo, a los editores de noticias de España, el Reino Unido o Irlanda esto no les afecta en absoluto. Ni tampoco a los editores en línea. Resulta extraño pedir una nueva ley de ámbito europeo para resolver un problema alemán. Además, incluso aunque hubiese un problema, la creación de un «nuevo derecho afín» para todos los editores resulta desproporcionada. Se trata de un problema técnico que afecta a un canon específico.

El vínculo entre reprografía y el derecho afín resulta artificial y oportunista, una exageración utilizada para abogar, una vez más, por un nuevo derecho para los editores.

Como editor, ¿por qué debería importarme?

Actualmente esta cuestión se está debatiendo en la Unión Europea como algo que los editores desean y reclaman activamente. Si no muestras una opinión diferente, la otra seguirá prevaleciendo. En otras palabras, el tono en Bruselas será que los editores de noticias quieren nuevos derechos que aclaren la forma de utilizar enlaces y fragmentos.

Por otro lado, esto también te perjudica. Ahora disponemos de pruebas más que suficientes de que estos derechos no son útiles, resultan contraproducentes y no responden a los intereses de todos los editores. También es perjudicial para la competencia y el pluralismo y para los usuarios de Internet, aspectos que quizá te preocupen como editor o como ciudadano.

¿Cómo afectará a mi negocio?

Si se aplica un derecho similar al alemán o español tu negocio en línea se resentirá, ya que las referencias en línea y el tráfico disminuirán. En España, un estudio ha calculado que solo los editores de noticias sufrirían unas pérdidas anuales de 10 millones de euros como resultado de la legislación en materia de derechos de autor auxiliares. En su análisis, los editores más pequeños o cuya actividad se limitaba a Internet eran los más perjudicados, ya que dependen en mayor medida de Internet para llegar a nuevas audiencias.

El impacto inmediato de estas leyes es que el tráfico procedente de sitios en línea, que dirige nuevas audiencias a las noticias, disminuye, ya que resulta más complejo agregar y compartir noticias y otros contenidos en línea.

En el caso de los principales editores de noticias en España, Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, las referencias procedentes de sitios web y servicios de terceros (Google, Facebook, Twitter, correo electrónico, mensajería instantánea, etc.) supuso el 66 % del tráfico en línea en 2014. El 34 % restante accedió a los sitios web de los editores directamente. El valor de este tráfico por referencias asciende a 746 millones de euros, según los cálculos de Deloitte, un valor amenazado por estos nuevos derechos que intentan restringir el tráfico en línea o cobrar por él. Esta situación no va a aportar ningún beneficio: las personas no van a empezar a comprar más periódicos impresos porque les resulte más difícil llegar a tus contenidos. Una opción mucho más sencilla para los lectores es leer sencillamente publicaciones en línea de fuera de Europa como alternativa.

También corres el riesgo de perder control o de ver cómo un porcentaje mayor de tus ingresos es administrado por las entidades de gestión de derechos de autor: tanto el modelo español como el alemán fracasaron, pero se valen de entidades de gestión para administrar los ingresos, ya sea por ley o en la práctica.

¿Este «derecho afín» entraña algún otro riesgo?

Existe el riesgo obvio de que afecte a tu negocio digital y te resulte más difícil construir una presencia en línea, como sucedió en España y Alemania.

También creará inseguridad jurídica y desembocará en años de intensas batallas políticas, seguidas de años de litigios para hacer que funcione. Esto no beneficiará a nadie.

Incluso antes de que siga su recorrido, existe el riesgo obvio de que la legislación vaya en sentidos impredecibles y contraproducentes. El proceso legislativo de la Unión es muy largo y en él participa un amplio abanico de actores diferentes. Por ejemplo, es probable que el debate lleve a una negociación de las relaciones contractuales con los periodistas, o a la implicación de las entidades de gestión que desean administrar nuevos flujos de ingresos.

Por lo que respecta a la percepción del sector editorial de noticias y entretenimiento por parte de la Unión, no es muy bueno. En primer lugar, se trata de una propuesta muy polémica y conlleva costes considerables: enfadar a los usuarios de Internet y enfrentar la tecnología a los editores. La percepción que se tendrá de los editores es que no son innovadores, se resisten a la transición digital y están deseosos de enfrentarse a los usuarios de Internet. En segundo lugar, alejará la atención de otros asuntos importantes, como por ejemplo, un mismo IVA para el medio digital y el impreso, la revisión en curso de la normativa sobre medios de la Unión, y acallará la voz de los editores sobre estas cuestiones.

¿Es verdad que los legisladores «se olvidaron» de conceder a los editores de noticias un derecho propio?

No. Sería incorrecto sugerir que los editores de noticias carecen de un derecho propio por «olvido» cuando se actualizaron los derechos de autor para la era digital.

La figura del editor es igual a la de otros muchos actores de las industrias creativas: desarrolladores de juegos, desarrolladores de aplicaciones, editores musicales, distribuidores de películas, fotógrafos, representantes e incluso entidades de gestión de derechos. Todos ellos se valen de contratos con los creadores para obtener los derechos de autor pertinentes.

Que no dispongas de un derecho propio no implica que tu inversión no esté protegida o no sea valorada. Implica que obtienes derechos de autor a través de los contratos. ¿Acaso todas las personas que tienen contratos de derechos de autor deberían recibir un nuevo derecho afín?

¿Los legisladores «se olvidaron» de Internet a la hora de concebir la legislación de derechos de autor?

Claramente, no. La legislación principal en materia de derechos de autor en la Unión es la Directiva 2001/29. Se la conoce como la «Directiva sobre derechos de autor en la sociedad de la información». Se concibió específicamente para proteger a los titulares de derechos de autor en Internet y la era digital. Para ello, fundamentalmente se creó un derecho para dejar claro que lo digital estaba sujeto a derechos de autor: el derecho de «poner a disposición».

¿Sería «legal» este nuevo derecho?

La consulta es muy imprecisa con respecto a cómo sería el derecho, por lo que es difícil afirmar taxativamente que no. No obstante, el sector académico ha mostrado su preocupación por que sería contrario al Derecho de la Unión y al Derecho internacional —por lo que respecta a la propuesta española, véase esto—, y surgen serias dudas sobre cómo este nuevo derecho respetaría el «derecho de cita» y la «libertad de información», reconocidos internacionalmente. Asimismo, los Estados Unidos se han referido al «derecho auxiliar» como un obstáculo comercial —véase Hoja informativa: principales barreras al comercio digital— y como «una tasa arbitraria para las empresas que ayudan a dirigir tráfico a los sitios editoriales».

¿Qué es la libertad de panorama?

En el caso de la libertad de panorama, no hay ninguna excepción a escala de la UE que permita utilizar fotografías de edificios (del Atomium a la Torre Eiffel iluminada) o de esculturas que estén protegidos por los derechos de autor. De esta forma, en función del país en el que uno esté, subir estas fotos a Facebook o Wikipedia puede ser una vulneración de los derechos de autor.

Por ejemplo, un tribunal sueco ha fallado recientemente, tras la denuncia presentada por una entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual, que no estaba permitido este tipo de imágenes en Wikipedia.

¿Se trata de una «tasa Google»?

Muchas personas se han referido a esta propuesta como una tasa Google, una tasa por enlazar o una tasa por fragmento. El objetivo de las leyes en España y Alemania era, en parte, poner a Google en el punto de mira y cobrarle por los fragmentos de textos de noticias.

Hasta el momento no han conseguido el efecto que esperaban: Google cerró su servicio Google News en España.

En el camino por alcanzar estos resultados, se ha utilizado la legislación en materia de derechos de autor. Los derechos de autor son como la propiedad: afecta a todo aquel que invada tu propiedad, sea Google u otra persona. No puedes redactar una ley de derechos de autor que diga que Google es el único que infringe los derechos de autor pero que cualquier otro uso es lícito.

Como tal, la sugerencia ha sido crear un derecho de autor sobre los fragmentos de textos de noticias, haciendo más difícil que los servicios en línea y las personas utilicen extractos de textos. Puesto que estos fragmentos se utilizan frecuentemente para crear un enlace (describiendo, por ejemplo, a qué enlaza), algunos lo denominan «tasa por enlazar». Al igual que «tasa Google», se trata de una aproximación.

Sea como fuere, los «fragmentos de textos» son utilizados por una variedad mucho más amplia de servicios en línea además de Google para direccionar tráfico a sitios web de noticias y de entretenimiento. De media, en el caso de los grandes editores de prensa, cerca de un tercio del tráfico proviene directamente del acceso directo (usuarios que escriben lemonde.fr, elpais.com, repubblica.it, etc., en el navegador). El resto, como muestra la investigación del Reuters Institute, es tráfico procedente de motores de búsqueda, tales como Google y Bing, agregadores de noticias, redes sociales como Twitter o Facebook, correo electrónico, aplicaciones, etc.
Cuadro 3-2: Punto de partida para las noticias – Informe sobre noticias digitales del Reuters Institute de 2015, p. 76.

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